La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un tratado internacional adoptado en 1984 con el objetivo de prevenir y erradicar la tortura en todo el mundo.
Define la tortura como cualquier acto intencionado que cause dolor o sufrimiento grave, físico o mental, con diversos propósitos. Prohíbe su uso en todas las circunstancias y establece obligaciones para los Estados, como investigar y enjuiciar casos de tortura, y prohibir la expulsión a países donde exista el riesgo de tortura.
El Protocolo Facultativo, adoptado en 2002, complementa la Convención al establecer mecanismos de prevención de la tortura. Crea visitas regulares a lugares de detención a nivel nacional e internacional, con el fin de prevenir la tortura, monitorear las condiciones de detención y hacer recomendaciones para proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
En resumen, la Convención y su Protocolo Facultativo son instrumentos clave en la lucha contra la tortura y tratos inhumanos. Establecen normas y obligaciones para los Estados con el objetivo de proteger los derechos humanos y prevenir la tortura en todo el mundo.
